Antes de que fuera formalmente acusado y de que se ordenara su detención, Walter Darío “Hombre Lobo” Cardozo (42 años) visitó el Centro de Salud, lugar donde intentó jugar una carta que lo librara del arresto. El ex empleado del Siprosa alegó una enfermedad cardíaca que hasta el momento no pudo probar. Luego de debatir el tema, el juez Guillermo Taylor ordenó su detención por 60 días por narcomenudeo. Cardozo, además, figura mencionado en una causa Federal como uno de los empleados que habría utilizado las instalaciones del Departamento Operativo Móvil del Siprosa para ocultar droga.

La ausencia de “Hombre Lobo” generó que el inicio de la audiencia del viernes pasado se demorara.

Allanamiento

Con el debate ya abierto, la auxiliar Daniela Falchi, de la Fiscalía de Narcomenudeo, que conduce José Sanjuán, formuló cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, delito que prevé una pena de entre 4 y 15 años de prisión.

La representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el miércoles, a las 19, la Policía, encabezada por la Digedrop, realizó un allanamiento que había sido ordenado por el  juez Facundo Maggio en la casa del sospechoso, en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”). En ese lugar se aprehendió a Cardozo y a su pareja, Paulina Galván, también investigada en esta causa. Los efectivos secuestraron 28 bochitas de cocaína, una balanza de precisiones, envoltorios, tijeras, seis celulares y dinero. Falchi agregó que hay un archivo fotográfico de cómo se vendían drogas en esa vivienda de Thames al 1.100.

Al poco tiempo de su detención, Cardozo nombró como defensora a Mirta Mariana Santillán, quien presentó unos certificados médicos en los cuales se planteaba que su asistido sufría problemas cardíacos y era propenso a paros respiratorios. Por ese motivo solicitó que un médico del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) revisara a Cardozo. El forense consideró apropiado que el sospechoso fuera visto en un hospital público para descartar que se tratara de una persona cuya vida corriera riesgo. Evaluando esa posibilidad, la Fiscalía consideró plantear un pedido de prisión domiciliaria, algo que finalmente no prosperó.

Pedido cautelar

Tras ser evaluado en el Centro de Salud, el ex empleado del Siprosa se presentó ante el juez como desocupado, hipertenso y consumidor de cocaína. También reconoció que tiene causas en trámite. Mientras estuvo en el nosocomio fue vigilado de cerca por personal de la Digedrop.

Tras tomar conocimiento sobre los resultados de ese informe médico, la auxiliar fiscal advirtió que pedirían la medida cautelar de mayor intensidad.

“Tras ser visto por el forense, se le pidió al imputado una revisión en el hospital y no se detectó ninguna enfermedad aguda”, informó Falchi, que además, adelantándose a un posible pedido de la defensa, advirtió que una domiciliaria no sería compatible para este caso: “fue en su domicilio donde se encontró la droga y donde se comercializaba; además cuando vio llegar a la Policía intentó escabullirse caminando en dirección contraria. Fue un intento de fuga. No creo que el imputado se someta al proceso de otra manera que con la prisión preventiva”. Solicitó que la medida fuera por 90 días, tiempo que llevaría concluir la investigación.

Un fiador

La defensa no se opuso a la aprehensión de Cardozo, quien había sido arrestado con una orden judicial, pero sí consideró excesivo que se ordene una prisión preventiva de tres meses. Explicó que no existiría peligro de fuga, que el imputado tenía arraigo familiar y que estaba a cargo de una iglesia evangélica en su vivienda.

En lugar de la preventiva, Santillán ofreció que Cardozo cumpliera con varias medidas de menor intensidad; entre ellas, indicó que su defendido ofrecía como fiador a un empleado del Siprosa que podría solventar una caución.

Luego de escuchar a las partes, el juez Taylor consideró razonable ordenar la preventiva hasta el 28 de febrero. También solicitó que un médico forense visite a Cardozo e informe si puede cumplir con el arresto en una celda o si es necesaria una domiciliaria. Ordenó además que la Dinayf intervenga por la situación de los hijos de los acusados.

Otra investigación

Según una investigación iniciada en 2016 por la Agencia Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, “Liro” Andrade, “Hombre Lobo” Cardozo y “Leke” Suárez podrían ser los cabecillas de una organización que se habría dedicado al tráfico de drogas (marihuana y cocaína). Los tres eran empleados del Siprosa y estaban afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA). Luego fueron separados de ambas instituciones.

Los sospechosos podrían haber utilizado los depósitos del Departamento Operativo Móvil, que funciona en Italia y Alberti, para depositar allí la droga y luego distribuirla en distintos puntos de la capital y del interior de la provincia.

Por esta causa, el fiscal federal Carlos Brito solicitó ese año al juez Daniel Bejas realizar 50 allanamientos en simultáneo, pero el magistrado rechazó el planteo porque consideró que no existían pruebas suficientes para hacerlos. La causa luego terminó estancándose.